Gobierno dominicano es acusado de “genocidio” por agrupaciones por haitianas

Gobierno dominicano es acusado de “genocidio” por agrupaciones por haitianas

El gobierno de la República Dominicana fue acusado formalmente este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de está cometiendo un “genocidio civil” al supuestamente negar la nacionalidad a inmigrantes haitianos.

La acusación fue hecha por dominicanos de origen haitiano, quienes denunciaron que las autoridades del país caribeño aplican, con carácter retroactivo, nuevas leyes migratorias a más de 1.500 inmigrantes.

Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y el Movimiento por un Registro Civil sin Discriminación hicieron sus exposiciones durante el 143 periodo de sesiones de la CIDH, en la capital norteamericana.

Francisco Quintana, miembro de CEJIL, dijo que ha habido un “impacto desproporcionado” tras la aplicación de la ley migratoria 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, asi como de la Resolución 012 de la Junta Central Electoral de 2007 y la Circular 17.

Dijeron que en virtud de esta ley, los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, algo que según Quintana, ha sido interpretado de manera “muy amplia” y “se ha llegado al extremo de declarar como fraude el hecho de haber sido registrados por padres extranjeros” antes de que entrara en vigor.

En 2010 la nueva Constitución modificó, además, el derecho a la nacionalidad, estableciendo que los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad, lo que también se está aplicando con retroactividad.

Los demandantes advirtieron que el estatus migratorio no se puede transmitir a los hijos y denunciaron que la mayoría de afectados a los que se niega su cédula, su acta de nacimiento o una copia de esta son jóvenes, en gran parte mujeres, de entre 18 y 24 años.

Miles de personas serían afectadas

Dina Adames, directora del Servicio Jesuita a Refugiados Migrantes (SJRM), señaló que según un estudio elaborado por su organización, el “impacto cuantitativo” de negación de documentos afecta a 1.584 casos de actas de nacimiento, que se emitieron según las leyes vigentes cuando fueron expedidas y que podrían ser revocadas.

Pero podrían ser más, ya que “hay miles de personas que no han sido contadas y otras que no saben que cuando vayan a solicitar el acta (de nacimiento) se les va a negar”.

Representante dominicano rechaza denuncia

La República Dominicana se encuentra inmersa en un proyecto para modernizar y depurar las irregularidades de su sistema de registro civil, según indicó el representante permanente de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladin Selin, en el que no hay ninguna intención discriminatoria.

El proceso de depuración no responde “de ninguna manera” a una política de desnacionalización, dijo, “sino de contar con un sistema depurado, transparente, libre de irregularidades y fiable”.

En el contenido de la Resolución, dijo, no se hace referencia a criterios de índole racial para suspender el acta civil, “sólo establece un procedimiento para suspender provisionalmente actas viciadas o instrumentadas de manera irregular” y subrayó que “no es posible concluir que exista una política de estado para revocar la nacionalidad de miles de dominicanos” de origen haitiano.

Como ejemplo señaló que entre los afectados también hay “deportistas talentosos” que adulteraron su partida de nacimiento para entrar como menores de edad a las ligas de adultos.

Saladín reiteró en nombre de la Junta Central Electoral (JCE), la invitación al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator para los casos de República Dominicana, para que visite el país a fin de “conocer en el terreno, avances en la materia de registro civil”.

También, los demandantes pidieron que representantes de la CIDH visiten el país.